Robbie Williams en Lima: clausurar también exige dar explicaciones

La cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima deja una pregunta que la Municipalidad de San Miguel todavía debe responder con claridad: si existía un plan de seguridad evaluado antes de autorizar el evento, ¿qué hizo la autoridad entre la primera presentación y la decisión de clausurar Arena 1?

La seguridad de los asistentes es prioritaria. Durante la salida del concierto del 23 de septiembre hubo problemas que no podían ignorarse. La municipalidad señaló deficiencias en las rutas de evacuación, desorden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales. Frente a eso, correspondía intervenir de inmediato.

Pero intervenir también significa evaluar y gestionar. Para realizar un espectáculo de esta naturaleza, el organizador debe presentar un plan de seguridad que incluya rutas de evacuación y zonas seguras, sujeto a evaluación municipal. Según el propio gerente municipal de San Miguel, para estos conciertos se había previsto un plan con distintas alternativas de salida, incluido un contingente de buses. La municipalidad, entonces, conocía cómo debía funcionar la evacuación antes de que ingresara el público a la primera fecha.

Que un plan haya sido aprobado no significa que se haya cumplido. Precisamente por eso hace falta saber qué ocurrió: ¿falló lo previsto en los documentos o falló su ejecución? ¿Quién cerró los accesos peatonales y bajo qué decisión? ¿Qué observaciones se comunicaron a la productora esa noche y qué plazo tuvo para corregirlas? Son preguntas concretas que permiten establecer responsabilidades, más allá de un comunicado de rechazo.

Entre el final del primer concierto y el inicio previsto del segundo había horas para actuar. La municipalidad podía exigir correcciones, verificar presencialmente cada ruta de salida y coordinar medidas de ordenamiento con la Policía y Serenazgo, dentro de sus respectivas competencias. Si una nueva inspección demostraba que persistía un riesgo, la clausura debía mantenerse. Lo que falta explicar es si se examinó esa posibilidad y cuál fue el resultado.

One Entertainment sostiene que subsanó las observaciones durante las primeras horas del 24 de septiembre y que no obtuvo una respuesta que permitiera realizar el espectáculo. Su afirmación requiere verificación; tampoco basta con darla por cierta. Por eso es necesario que ambas partes hagan públicos los documentos y las horas de cada actuación: las observaciones, la respuesta de la productora, las inspecciones posteriores y el fundamento de la clausura.

La decisión se tomó, además, a pocos días de las elecciones municipales. Ese contexto vuelve especialmente necesaria una explicación transparente de la autoridad. No hay elementos para afirmar que la clausura respondió a un cálculo electoral, pero sí motivos para exigir que una medida de tanto impacto se sustente en hechos comprobables y no se agote en una declaración pública.

.Miles de decisiones personales dependían de esa segunda fecha: entradas compradas, traslados y tiempo reservado para asistir. El público no tiene por qué escoger entre disfrutar un concierto y estar seguro. Tiene derecho a ambas cosas y, cuando eso no es posible, a saber exactamente por qué.

La productora debe responder por las fallas en la organización y ofrecer una solución clara a quienes compraron entradas. La Municipalidad de San Miguel debe explicar cómo evaluó el plan inicial, qué supervisó durante la primera fecha y qué verificó antes de cancelar la segunda. Cerrar el recinto puede haber sido necesario. Demostrar por qué no había una alternativa segura también forma parte de su responsabilidad.