Partidos políticos en el Perú (2005–2025): 20 años de fragmentación, personalismos y cuentas pendientes

El Perú ha atravesado, en los últimos 20 años, una de las crisis políticas más persistentes y complejas de su historia reciente. No se trata solo de presidentes destituidos o congresos desaprobados: el problema es más profundo. Radica en un sistema de partidos debilitado, fragmentado y cada vez más desconectado de las necesidades ciudadanas.

Para entender por qué la política peruana parece vivir en una permanente inestabilidad —y por qué tantas crisis se repiten con el mismo guion— es necesario mirar de frente a los partidos políticos, su evolución, sus omisiones y también su papel directo en el clima de desconfianza que hoy domina al país.

Este artículo propone una lectura crítica del sistema partidario peruano entre 2005 y 2025, un período que refleja la transformación de los partidos políticos en marcas electorales sin arraigo, la captura del Estado por intereses privados, las reformas incompletas y los “atajos” institucionales usados para ganar poder sin rendir cuentas. Todo ello, en clave de análisis y desde la perspectiva ciudadana: ¿qué pasó?, ¿quiénes son responsables?, y lo más importante: ¿cómo podría no repetirse?

1) El contexto que nos trajo hasta aquí

En dos décadas, el sistema de partidos peruano pasó de tener tres o cuatro fuerzas predominantes a decenas de organizaciones inscritas, muchas de ellas sin militancia sólida ni ideología clara. La Ley de Organizaciones Políticas (LOP), pensada para fortalecer la representación, se convirtió en una herramienta constantemente modificada al ritmo de los intereses del Congreso, lo que debilitó su propósito.

El Congreso elegido para el periodo 2021–2026 arrancó con diez bancadas. Ninguna con mayoría, casi todas con niveles de disciplina interna mínima y varias formadas por alianzas de ocasión o migraciones partidarias. El resultado fue evidente: un Parlamento diseñado para negociar cada votación como si fuera la primera, sin proyecto de país ni acuerdos estables.

Desde 2019 en adelante, la política peruana vivió una cadena de crisis institucionales. La vacancia de Martín Vizcarra en 2020, el intento de cierre del Congreso por parte de Pedro Castillo en 2022, y la destitución de Dina Boluarte en 2025 confirmaron que la inestabilidad dejó de ser excepcional para volverse parte del ecosistema. En todos estos casos, el Congreso y los partidos que lo componían jugaron un papel determinante —no como garantes de la democracia, sino como operadores tácticos del poder.

Para completar el cuadro, el Perú aprobó en 2024 el retorno a la bicameralidad para las elecciones de 2026. La idea, en el papel, es mejorar la calidad legislativa y la representatividad. El riesgo, en la práctica, es reproducir los mismos vicios en dos cámaras en lugar de uno, si no cambian los incentivos.

Y mientras tanto, una verdad incómoda: la corrupción sistémica tocó casi todos los colores políticos. El caso Lava Jato no solo desnudó prácticas ilegales de financiamiento, sino el rol de los partidos como engranajes de redes opacas que intercambiaron poder por dinero y le dieron la espalda a la transparencia.

2) ¿Qué responsabilidades les caben a los partidos?

a) Fragmentación y “marcas personales”

El exceso de partidos inscritos refleja más una crisis que una diversidad democrática. Cuando cualquier grupo puede alquilar una sigla sin arraigo real para competir en una campaña, el partido deja de ser institución y se convierte en vehículo electoral. Ese fenómeno atomiza el Congreso, multiplica los conflictos internos y hace casi imposible construir coaliciones duraderas.

b) Debilidad de la democracia interna

Aunque la normativa exige mecanismos de democracia interna, la práctica demuestra lo contrario: listas armadas a último minuto, candidatos sin militancia real y estructuras vacías que dependen exclusivamente de un líder o financista. La política peruana se volvió personalista, no programática, y los partidos funcionan más como marcas publicitarias que como plataformas doctrinarias.

c) Uso estratégico (y abusivo) de herramientas constitucionales

La vacancia presidencial, pensada como un recurso excepcional, se convirtió en arma parlamentaria de uso frecuente. Los partidos han aprendido a ganar más control retirando presidentes que llegando al Ejecutivo por vía electoral. Esto no solo erosiona la institucionalidad, sino que alimenta la percepción de que los políticos actúan según cálculos de poder, no por convicción democrática.

d) Captura y escándalos

La corrupción no fue construida por individuos, sino por redes políticas con acceso al Estado. La ausencia de controles internos en los partidos permitió que empresarios, lobbies y operadores capturaran decisiones clave. Y aunque algunos líderes fueron investigados, la mayoría de estructuras partidarias nunca asumió su responsabilidad institucional.

e) Reformismo que llega tarde

Cada reforma llega cuando el daño ya está hecho: ley de financiamiento después de los escándalos, ley de primarias después de las listas irregulares, bicameralidad después del colapso de confianza. Sin partidos que asuman la reforma como compromiso ético y no como trámite legal, cualquier mejora se diluye en la práctica.

3) Línea de tiempo (síntesis 2005–2025)

• 2005–2010 | Se fortalece el marco legal para partidos, pero surgen siglas débiles con liderazgos centrados en la figura del candidato.

• 2016–2021 | Estalla la crisis política prolongada: cierre del Congreso, nuevas elecciones parlamentarias y vacancia presidencial.

• 2021–2026 | Congreso hiperfragmentado: diez bancadas sin mayoría, con alta rotación interna y alianzas tácticas.

• 2022 | Intento fallido de golpe desde el Ejecutivo; cambio abrupto de gobierno.

• 2024 | Se aprueba la bicameralidad para volver al sistema de dos cámaras.

• 2025 | Nuevo cambio presidencial y llamado a elecciones generales para 2026 bajo el nuevo esquema bicameral.

4) Radiografía del sistema partidario

• Oferta inflada y sin representatividad real: tener muchos partidos no significa tener buena política, sino un sistema débil que no exige calidad ni claridad.

• Financiamiento sin controles efectivos: pese a los cambios legales, la mayoría de partidos no garantizan trazabilidad real de quién los financia.

• Atajos de poder: la vacancia exprés y el obstruccionismo se han naturalizado como pasos válidos para ganar influencia sin pasar por las urnas.

• Reformas sin consenso: los cambios se aplican según intereses coyunturales, sin visión de largo plazo ni pedagogía política para la ciudadanía.

5) ¿Qué sí pueden (y deben) hacer los partidos?

• Establecer mecanismos de integridad que funcionen, no solo figuren en el estatuto.

• Profesionalizar su vida interna y postular candidatos con trayectoria verificable.

• Apostar por las primarias abiertas y vinculantes como forma de devolver poder al elector.

• Redefinir la vacancia como recurso extremo y no como instrumento de chantaje político.

• Construir cuadros técnicos en regiones en lugar de armar listas de invitados o financistas.

6) ¿Todos son iguales?

No. Pero casi todos comparten al menos una parte del problema: personalismo, improvisación, opacidad y falta de vocación democrática. El sistema no cambiará con la llegada de un héroe político, sino con partidos que prioricen la representación y el servicio público sobre el cálculo electoral y la conveniencia privada.

7) Conclusión

Los problemas políticos del Perú no surgieron de la nada: son consecuencia directa de un ecosistema de partidos que ha fallado en construir identidad, ética y sentido de propósito. La bicameralidad, las reformas legales o la renuncia de un presidente no resolverán este ciclo por sí solos. El reto es más profundo: profesionalizar la política, asumir costos para sanar el sistema y devolverle sentido a la representación.

Solo entonces los partidos podrán ser lo que la democracia necesita que sean: instituciones que escuchan, representan y construyen futuro, en lugar de operar como plataformas para la improvisación y el poder vacío.